Los datos surgen de un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
El recorrido de Ariel Lijo como juez federal constituye el principal argumento en favor de su candidatura para ocupar un lugar en la Corte Suprema, pero sobre ese punto también se alzan cuestionamientos.
En un extenso informe, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una organización que vela por un acceso igualitario a la Justicia, puso el foco en algunos números que reflejan la performance de Lijo al frente del juzgado federal número cuatro: la mitad de las causas sobre corrupción que tiene en su juzgado, por ejemplo, están en instrucción desde hace 10 años o más, según señala el trabajo.
“Este tipo de causas –precisa la ACIJ en el texto– son de especial interés para analizar el desempeño de un juez o jueza, debido a que en Argentina la impunidad ha sido la regla general en la investigación penal y sanción de la corrupción”.
Las estadísticas
Según datos que el organismo toma del Centro de Información Judicial (CIJ), Lijo tuvo, a lo largo de sus 19 años como juez federal titular, un total de 89 causas de corrupción. Casi un tercio de estos expedientes (26) continúa en etapa de instrucción –la fase preliminar de cualquier proceso de investigación– y la mitad de ellas permanece en este estado hace 10 años o más.
Dentro de este universo sobresale una causa por administración infiel que lleva más de 25 años en su juzgado y tiene como procesado a Edmundo Ruckauf y a otras 11 personas como imputadas.
En juego con esta estadística, el documento remarca otro dato: el de Lijo es el juzgado de Comodoro Py que menos causas elevó a juicio oral. Es decir que, de las otras 63 causas cuya instrucción fue cerrada, apenas 14 avanzaron hacia la instancia final del proceso judicial.
Además, para medir la marcha de los expedientes según su sensibilidad, la ACIJ filtró las causas en manos de Lijo según un criterio propio y las clasificó en función de los cargos que ostentan quienes son investigados. Ese tamiz arrojó que de las 33 causas en las que la persona investigada tiene un rango como ministro o titular de algún organismo o empresa pública, sólo 5 fueron elevadas a instancia oral.
(Border Periodismo)
