La intervención en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), a cargo de María Julia Cordero, detectó una serie de irregularidades tras una auditoría y diagnóstico de la situación realizado a partir de la decisión tomada en julio por el Poder Ejecutivo de intervenir el organismo.
Según reveló la ANAC mediante un comunicado, en esta etapa “transitoria pero necesaria, se ha revelado una estructura inadecuada y sobredimensionada del organismo, discrecionalidad en la aplicación de fondos e ineficiencias en la utilización de recursos”. “Además, se detectó una falta de control en procesos, burocratización en los procedimientos y una falta de gestión en materia de fiscalización y prestación de servicios, entre otras observaciones que resulta necesario encauzar”, señalaron.
El informe señala que, al momento de la intervención, la ANAC contaba con una deuda de $3.131.700.676 heredada de la gestión del Gobierno anterior, deuda que se encuentra “bajo un pormenorizado análisis” por parte de la intervención.
“Las deficiencias en la administración de recursos se expresan principalmente en el manejo de su patrimonio, siendo su flota un punto crítico: el organismo cuenta con 14 aeronaves, valuadas en su totalidad en aproximadamente un millón de dólares, que no se utilizan o están cedidas. La mayoría no vuela hace más de 5 años”, puntualiza el informe.
El pasado 11 de julio, a través del dictado del Decreto 606/2024, el presidente de la Nación dispuso la intervención de la ANAC y la designación de Cordero como interventora “debido a una serie de deficiencias históricas que generan potenciales riesgos para la seguridad operacional y la navegación aérea y podrían llevar a la posible degradación de nuestro país en materia de aviación civil a nivel internacional”, según indicaba el decreto.
En ese contexto, desde la Secretaría de Transporte “se advirtió la necesidad de fortalecer la autoridad aeronáutica con el fin de restituir los criterios de eficacia y eficiencia necesarios para el logro de los objetivos estratégicos en materia de transporte aéreo y la concreción de un reordenamiento integral del sistema aerocomercial para dotar al mercado de un entorno competitivo que otorgue la suficiente flexibilidad para llegar a todas las ciudades argentinas”.
“Para ello, resultó pertinente la adopción de medidas urgentes y adecuaciones orgánicas, de personal y presupuestarias, que permitan desarrollar ese proceso sin comprometer el cumplimiento de la misión institucional dispuesta por la norma de creación del organismo”, remarcaba la norma sancionada entonces.
Desde ANAC especificaron que, a partir de la designación de Cordero como interventora, “se trabajó en la elaboración de un diagnóstico de situación del organismo con el objetivo de identificar los problemas operativos y administrativos que limitan el accionar de la ANAC y proceder a su reestructuración y adecuación a los lineamientos establecidos en el decreto de intervención”.
Los números del escándalo
De acuerdo con el diagnóstico de la interventora Julia Cordero, la ANAC tiene 103 cargos y 68 jefes de departamento, sin contar los jefes de aeropuertos. Funciona en un edificio ubicado en Balcarce 290 que se alquiló durante la pandemia de Covid-19 y tiene seis pisos y 84 cocheras.
Esa mudanza, al parecer, fue compleja, porque se perdieron expedientes, entre ellos algunos que solicitó la Administración Federal de Aviación -la FAA, por su nombre en inglés, una entidad gubernamental de Estados Unidos responsable de la regulación de todos los aspectos de la aviación civil- cuando vino a auditar los aeropuertos argentinos en abril pasado. A pesar de la pérdida, no se realizaron sumarios administrativos.
Además, de la investigación surge que la ANAC tiene 14 aeronaves, de las cuales la mayoría está en desuso porque no funcionan o debido a que se vencieron los permisos de aeronavegabilidad. Algunas están en comodato en escuelas de vuelo, pero esos contratos también están vencidos.
En tanto, de los inmuebles propiedad del organismo repartidos por todo el país, la mitad (unos 30) están ocupados de forma irregular por gente que perteneció a la ANAC y nunca se fue, o porque se generó un comodato para la utilización del inmueble, se venció y no se desocupó. La propia sede central a pasos de la Casa Rosada tiene el contrato vencido.
A esto se suma una deuda por unos $3000 millones y el robo de computadoras que el organismo compró y guardó en el Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación (CIPE) ubicado en el aeropuerto de Ezeiza. Al parecer, se hizo una compra de equipos y parte fue al CIPE, donde desaparecieron. Como no estaba inventariado el stock, no se hizo un sumario.
Más allá de todo esto, lo que más le preocupa a la intervención es la falta absoluta de procedimientos, como por ejemplo manuales que fueron aprobados por la nota de un director sin ningún tipo de validez legal. “Hay cosas que no pasaban por acá. Había discrecionalidad en la toma de decisiones y una falta en general de procesos. Las tres áreas (seguridad operacional, navegación e infraestructura) se manejaban cada una por su lado”, detallaron.
Consultados por el origen de los problemas, apuntaron a la gestión de Paola Tamburelli durante el gobierno de Alberto Fernández y, más atrás en el tiempo, al paso de Tomás Insausti por el organismo en épocas de Mauricio Macri: “Hubo desidia de muchas gestiones y una pérdida de liderazgo de la ANAC que fue cediendo competencias en otros organismos, como el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna). Hubo un relajamiento de los procedimientos”, describieron.
Para completar la trayectoria, el primer titular de la ANAC durante el gobierno de Javier Milei, Gustavo Marón, no informó de estos problemas ni a la subsecretaria de Transporte Aéreo a cargo de Hernán Gómez, ni a la secretaria de Transporte en cabeza de Franco Mogetta. Ambas dependencias ni siquiera se enteraron de la visita de la Administración Federal de Aviación cuando tuvo lugar.
Esa inspección resultó en 82 hallazgos, que son falencias en la seguridad operacional, que podrían resultar en una baja de categoría del sistema aeroportuario argentino de la categoría 1 a la categoría 2, como sucedió entre 2002 y 2005. Eso implicaría que no se podrían sumar vuelos ni nuevas rutas a los Estados Unidos ni cambiar los aviones que actualmente operan esas rutas.
La ANAC está trabajando junto con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para cumplir con los procesos, aunque su conducción no sabe si llegará a generar la evidencia para cuando se produzca la nueva visita de la autoridad estadounidense temida por muchos países.
(Con información de NA y La Nación)
