Fabiola Yáñez, expareja del expresidente Alberto Fernández, presentó ayer su renuncia a la custodia asignada tanto para ella como para su hijo Francisco en Madrid. La decisión, comunicada a través de un escrito firmado por su representante legal, Mariana Lorena Gallego, se produce en medio de la polémica por los elevados costos que el esquema de protección representaba para las arcas del Estado.
Un gasto mensual de 23.000 euros
Según un informe elaborado por el Ministerio de Seguridad y difundido tras la renuncia de Yáñez, la asignación de dos agentes de la Policía Federal para su protección en España implicaba un gasto cercano a los 23.000 euros mensuales. Desde agosto de 2024 hasta el cierre del año, el Estado desembolsó un total de 135.411,54 euros en concepto de pasajes aéreos, viáticos, alojamientos y seguros médicos para los efectivos encargados de la custodia.
El esquema comenzó en agosto de 2024, cuando se reforzó su protección tras una denuncia de violencia de género contra Fernández. En ese mes, dos agentes estuvieron asignados durante 32 días, generando un gasto de 23.386 euros. Este patrón se repitió en los meses siguientes, con relevos periódicos que mantuvieron los costos en niveles similares.
Críticas al uso del servicio de custodia
El informe también señaló irregularidades en el uso del servicio de protección por parte de Yáñez. Según el Ministerio de Seguridad, la ex primera dama habría salido en varias ocasiones sin compañía de los agentes asignados, una práctica que contradice la naturaleza continua del servicio de custodia.
“La elección por parte de la persona custodiada sobre el uso del servicio genera una responsabilidad adicional para los efectivos y plantea dudas sobre la evaluación de riesgo real”, destacaron desde la cartera. Además, el documento apuntó que los custodios fueron utilizados en varias oportunidades para tareas ajenas a su función, como trámites personales y traslados, lo que desvirtuó el propósito del esquema de seguridad.
En una comparación llamativa, el Ministerio señaló que María Estela Martínez de Perón, viuda del expresidente Juan Domingo Perón, nunca contó con custodia estatal ni fue víctima de amenazas, subrayando la excepcionalidad del caso de Yáñez.
Renuncia tras la polémica
La renuncia de Yáñez se produce tras la difusión de imágenes de la ex primera dama participando en una exclusiva celebración de Año Nuevo en España, lo que generó críticas sobre el uso de recursos públicos para sostener su custodia. Incluso el presidente Javier Milei se pronunció al respecto, calificando de “sin sentido” la continuidad del esquema de protección.
“Le pedí a la ministra de Seguridad que eleve un informe a la justicia sobre la innecesariedad de mantener una custodia para la ex primera dama”, escribió Milei en sus redes sociales días atrás.
En el documento presentado ayer ante la Justicia, Yáñez afirmó que no desea seguir generando un perjuicio económico o logístico para la Administración pública argentina. Además, aclaró que la custodia le fue impuesta en su lugar de residencia en Madrid hace más de un año, cuando decidió radicarse allí de manera permanente.
La decisión de Fabiola Yáñez pone fin a un esquema de protección que desató controversias tanto por su costo como por el uso que se le dio. Ahora, la Justicia deberá evaluar el informe oficial y determinar si cabe alguna responsabilidad administrativa por los gastos incurridos.
