El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este miércoles una serie de medidas que restringen el acceso a tratamientos hormonales y cirugías de cambio de género para menores de 18 años. Además, se dispuso que las personas privadas de la libertad no podrán solicitar el traslado a una unidad carcelaria distinta en función de su identidad de género autopercibida.
Según explicó Adorni en conferencia de prensa, estas decisiones buscan establecer un sistema “más razonable” y garantizar la seguridad tanto de los menores como de las personas privadas de la libertad.
Restricciones en el sistema penitenciario
Respecto de la normativa vinculada a los traslados en establecimientos penitenciarios, el portavoz detalló que los detenidos no podrán solicitar el cambio de pabellón o unidad carcelaria basándose exclusivamente en su identidad de género.
“El año pasado, un caso en Córdoba evidenció cómo el sistema actual permitió que una persona condenada por violencia de género solicitara su traslado a una prisión de mujeres y, una vez allí, cometiera abusos contra otras internas”, sostuvo Adorni, justificando la decisión oficial.
La nueva disposición establece que el alojamiento de los internos estará determinado por el sexo registrado al momento del hecho delictivo. Además, aquellos condenados por delitos sexuales, trata de personas o crímenes violentos contra mujeres no podrán ser alojados en establecimientos penitenciarios femeninos.
Prohibición de tratamientos hormonales para menores
En relación con la Ley de Identidad de Género, el Gobierno anunció que los menores de 18 años ya no podrán acceder a tratamientos de hormonización ni cirugías de reasignación de sexo.
“Hasta ahora, la legislación permitía que los menores pudieran acceder a estos procedimientos con el consentimiento de sus padres. Incluso, si no contaban con dicho consentimiento, podían recurrir a la Justicia para obtener autorización”, explicó el funcionario.
El Ejecutivo fundamentó esta decisión en antecedentes internacionales, señalando que países como Reino Unido, Suecia, Finlandia y algunos estados de Estados Unidos han restringido estas prácticas debido a sus posibles efectos irreversibles en la salud física y mental de los menores.
“Estas intervenciones pueden ocasionar infertilidad, problemas cardiovasculares y consecuencias graves a largo plazo en la salud mental. No se trata de un ataque a ningún sector en particular, sino de garantizar la integridad física y mental de los niños y adolescentes”, enfatizó Adorni.
Argumentos oficiales
El comunicado difundido por la Oficina del Presidente resalta que “la ideología de género llevada al extremo y aplicada en niños sin su madurez cognitiva constituye abuso infantil”.
Asimismo, el documento subraya que el Estado tiene la responsabilidad de “terminar con los privilegios y promover la igualdad ante la ley”. En este sentido, las nuevas regulaciones buscan “poner fin a las irregularidades en el sistema penitenciario y garantizar los derechos de los menores”.