Luis Pierrini, secretario del área, encabeza las negociaciones contrarreloj para evitar la medida de fuerza. El gremio exige llevar el salario básico a $1.700.000 y ya anunció una huelga nacional para el 6 de mayo.
Tras el anuncio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) sobre un paro nacional de 24 horas para este martes 6 de mayo, el Gobierno nacional convocó a una nueva reunión entre el gremio y las cámaras empresariales del sector, con el objetivo de destrabar el conflicto salarial y evitar que se paralice el transporte público de pasajeros de corta y media distancia en todo el país.
La reunión está prevista para este lunes a las 14 horas, y será la primera intervención directa de Luis Pierrini como secretario de Transporte, luego de haber sido designado en reemplazo de Franco Mogetta. Pierrini, empresario mendocino del sector seguros, debuta en un escenario de alta tensión que amenaza con impactar de lleno en millones de pasajeros.
Desde el Gobierno no pueden volver a dictar la conciliación obligatoria, que ya se agotó, por lo que el encuentro de este lunes representa la última instancia de diálogo antes de que se concrete la medida gremial.
En su último comunicado, la UTA fue tajante: “Los empresarios ofrecieron aumentos remunerativos menores al 6% para los meses de febrero a junio, junto con sumas no remunerativas muy por debajo de las expectativas. Esto constituye una falta de respeto”.
El gremio, que lidera Roberto Fernández, reclama llevar el salario básico de $1.200.000 a $1.700.000. La oferta empresarial contempla pagos escalonados de $40.000, $50.000 y $70.000 entre mayo y julio, lo que fue considerado insuficiente por los choferes.
Del lado de las cámaras, Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor (AAETA), justificó la propuesta alegando que la estructura de costos vigente se basa en valores desactualizados: “El cálculo del costo operativo de los 18 mil colectivos del AMBA se hizo con precios de diciembre, y sin partidas previstas para ajustes tarifarios este año”.
Fusaro también recordó que el 70% del sistema está subsidiado: “La tarifa que se cobra es simbólica. El Estado decide cuánto recibimos, y con eso negociamos. Las herramientas que tenemos sobre la mesa son muy limitadas”.
Desde la Jefatura de Gabinete, Guillermo Francos pidió una tregua: “Sería oportuno que los dirigentes de la UTA posterguen unos días la medida, teniendo en cuenta que hay un cambio de autoridades en el área. Estamos dispuestos a dialogar y buscar soluciones”.
Mientras tanto, el cambio en la cúpula de Transporte podría implicar una reestructuración más amplia. No se confirmó si los tres subsecretarios técnicos también dejarán sus cargos: Hernán Gómez (Transporte Aéreo), Martín Ferreiro (Ferroviario) y Mariano Plencovich (Automotor).
La discusión en curso no es menor: implica definir el futuro de unos 87 mil millones de pesos mensuales en subsidios que sostienen el funcionamiento del sistema de colectivos bajo jurisdicción nacional. La presión por parte de los trabajadores y la respuesta del Gobierno se entrelazan en una pulseada que no sólo es económica, sino política y social.
La situación también genera preocupación en el conurbano bonaerense, donde millones de personas dependen a diario de los colectivos para ir a trabajar, estudiar o atender trámites esenciales. En Escobar, al igual que en otros distritos, la incertidumbre ya se siente en las calles.
