Cinco condenados por la Ruta del Dinero K ya están presos y uno permanece internado

El primero en presentarse fue Fabián Rossi, ex apoderado de la financiera SGI y ex pareja de Iliana Calabró, quien arribó cerca de las 9 de la mañana al Tribunal Oral Federal N° 4, una hora y media antes de lo previsto. Fue trasladado a la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA), donde también quedaron alojados los otros cuatro acusados: César Fernández (ex empleado de SGI), Juan Alberto De Rasis (ex empleado del banco suizo involucrado en las maniobras), el empresario Carlos Molinari y Eduardo Castro.

El tribunal dispuso que todos permanezcan allí hasta que se resuelvan sus pedidos de prisión domiciliaria, lo que podría demorar entre una y dos semanas. En el caso de Fernández, primero fue derivado al Cuerpo Médico Forense, ya que presentaba un estado de salud delicado, aunque se determinó que estaba en condiciones de ser alojado en dependencias policiales.

Julio Mendoza, por su parte, fue internado el mismo día que se dictó su detención. Su defensa presentó documentación médica que deberá ser evaluada por el tribunal, mientras la Policía Federal mantiene una consigna permanente en el hospital hasta que reciba el alta.

La medida fue dispuesta por el juez Néstor Costabel a pedido del fiscal federal Abel Córdoba, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firmes las condenas por el lavado de más de 55 millones de dólares provenientes del holding de Lázaro Báez, a través de maniobras financieras y bancos en el exterior.

Todos los detenidos recibieron penas de cumplimiento efectivo, pero nunca habían estado presos. Ahora aguardan la evaluación de sus condiciones de salud y edad —varios tienen más de 70 años— para saber si continuarán en prisión domiciliaria o serán derivados a una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

El caso de Lázaro Báez, condenado a 10 años de prisión, aún debe ser evaluado. Estuvo preso en Ezeiza entre abril de 2016 y diciembre de 2019, y desde entonces cumple prisión domiciliaria por otra causa vinculada al lavado de dinero: la compra del campo “El Entrevero” en Uruguay. Esa condena aún no está firme.

La defensa del empresario sostiene que el tiempo de prisión domiciliaria también debe contarse como parte del cumplimiento de pena, lo que sumaría 9 años y 6 meses. Sin embargo, fallos anteriores de la Cámara Federal indicaron que en esta causa solo se contabilizan los tres años de detención efectiva.

También deberán revisarse los cómputos de Martín Báez —que estuvo preso entre 2019 y 2023—, y de los ex colaboradores Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, quienes pasaron a prisión domiciliaria tras quedar libres por la causa principal, pero continúan detenidos por el expediente de “El Entrevero”.

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