La causa que investiga presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un giro decisivo. El fiscal federal Franco Picardi solicitó la indagatoria y la detención de varios ex funcionarios, entre ellos Diego Spagnuolo, quien encabezó el organismo hasta su desplazamiento. El juez Sebastián Casanello lo citó a declarar el 19 de noviembre, en un expediente que ya suma 15 imputados entre ex autoridades y representantes del sector privado vinculados a la provisión de medicamentos e insumos.
Un entramado que involucra compras direccionadas, sobreprecios y sobornos
La investigación se activó luego de la aparición de audios atribuidos a Spagnuolo en los que se mencionaban vínculos con la firma Suizo Argentina, una de las droguerías que opera con el Estado. Según la fiscalía, esos audios fueron apenas el punto de partida: detrás de ellos se detectó un esquema estructurado de direccionamiento de compras, sobreprecios millonarios y presuntos pagos ilegales para asegurar adjudicaciones.
Picardi señaló que las maniobras habrían perjudicado directamente al Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad que no cuentan con otra cobertura sanitaria. Se trata de uno de los sectores más vulnerables del sistema de atención pública.
Los pedidos de detención y las medidas ordenadas
El fiscal solicitó las detenciones de:
- Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS
- Daniel Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud
- Miguel Ángel Calvete
- Eduardo Nelio González
- Lorena Di Giorno
- Pablo Atchabahian
Además, pidió el secuestro de dispositivos electrónicos y allanamientos en múltiples domicilios, con el objetivo de recuperar documentación vinculada a contrataciones con ANDIS y con diversas droguerías: Profarma, Genesis, New Farma, Floresta y Suizo Argentina, entre otras.
Otras nueve personas también fueron citadas a indagatoria, además de un nuevo paquete de allanamientos ordenados sobre domicilios particulares y la empresa Baires Fly S.A.
“Una agencia al servicio del interés privado”
En su requerimiento, Picardi sostuvo que Spagnuolo y Garbellini habrían permitido que personas ajenas al organismo intervinieran en decisiones sensibles, incluso en la administración de fondos públicos, para favorecer intereses económicos privados.
Según el fiscal, esto convirtió de hecho a la ANDIS en un espacio funcional a terceros, desnaturalizando su objetivo: garantizar políticas para personas con discapacidad.
El frente judicial: pedidos de nulidad y el debate sobre los audios
La defensa de Spagnuolo —a cargo del abogado Mauricio D’Alessandro— planteó la nulidad de la causa y cuestionó la validez de los audios filtrados. Argumentó que podrían ser falsos, editados o incluso generados mediante inteligencia artificial. También sostuvo que la difusión violó la intimidad del ex funcionario.
Por su parte, la defensa de Suizo Argentina alegó que estos hechos ya habían sido investigados en un expediente anterior que terminó archivado, por lo que invocó el principio de non bis in idem (no ser juzgado dos veces por el mismo hecho).
La Cámara Federal porteña deberá resolver sobre estos planteos, aunque el juez Casanello ya había rechazado previamente ambos pedidos de nulidad.
Testimonios que complican aún más el escenario
En el expediente también se incorporaron declaraciones de:
- Fernando Cerimedo, ex estratega comunicacional libertario
- Agustín Rodríguez, periodista del canal Neura
Cerimedo afirmó que Spagnuolo le había mencionado estas mismas irregularidades en 2024. Rodríguez, en tanto, relató que el ex funcionario llegó a una entrevista “preocupado y molesto” por la supuesta injerencia de Eduardo “Lule” Menem en el área de Discapacidad.
Los audios filtrados también mencionan a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aunque ninguna imputación formal ha sido dictada contra ella.
Un expediente que avanza con respaldo político y judicial
Picardi remarcó que la investigación no se inició por los audios, sino por un conjunto de indicios que el propio Poder Ejecutivo consideró suficientes para desplazar a Spagnuolo y Garbellini. En el decreto de remoción, el Gobierno señaló que ambas designaciones debían ser “limitadas” para permitir que la Justicia investigara posibles irregularidades.
Para el fiscal, los movimientos detectados constituyen un perjuicio directo al Estado y a la población más vulnerable, y ubican a los ex funcionarios en el centro de una estructura que habría operado durante meses dentro de la agencia.
