Tras un extenso juicio oral de seis meses y una deliberación que duró más de diez horas, la Justicia de Córdoba dictó este miércoles la pena de prisión perpetua para la enfermera Brenda Agüero, acusada por el asesinato de cinco bebés recién nacidos y el intento de homicidio de otros ocho, todos internados en el Hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba entre marzo y junio de 2022.
El veredicto fue alcanzado por ocho jurados populares y dos jueces técnicos del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de 7ª Nominación. Agüero, quien tenía a su cargo la atención de madres en obstetricia, fue hallada responsable de una de las cadenas criminales más aberrantes de la historia reciente del país.
Un accionar planificado y siniestro
Durante el juicio, la fiscalía expuso cómo la enfermera accedía a dosis de potasio e insulina desde los llamados “carros de paro”, que carecían de control riguroso. Luego inyectaba esas sustancias letales en los recién nacidos, en zonas del cuerpo donde no se aplican vacunas ni tratamientos, generando descompensaciones súbitas.
Aunque no tenía autorización para intervenir en neonatología, Agüero se encontraba en todos y cada uno de los episodios analizados, incluso en situaciones en las que se encontraba sola con los bebés y sus madres. Según la hipótesis del fiscal Raúl Garzón, la motivación de la enfermera habría sido escalar profesionalmente: buscaba destacarse como la primera en advertir las crisis médicas para ganar reconocimiento y acceder a un ascenso.
Funcionarios absueltos y otros condenados
Además de Agüero, el proceso judicial puso bajo la lupa a 11 funcionarios públicos del sistema de salud de Córdoba. Entre ellos, el exministro de Salud Diego Cardozo, la exdirectora del hospital, Liliana Asís, y otros integrantes de la jefatura médica y legal del establecimiento.
Finalmente, fueron absueltos Cardozo y otros cuatro funcionarios, mientras que el resto fue encontrado culpable por encubrimiento, omisión de denuncia y entorpecimiento de la investigación. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, hubo una clara maniobra para ocultar las muertes: se omitió alertar a la Justicia, se perdieron pruebas y se desplazó a Agüero del hospital simulando una licencia, pese a las fuertes sospechas que ya existían en su contra.
Un caso que comenzó con la denuncia de un civil
La causa se activó no por una denuncia institucional, sino por la decisión del ingeniero Francisco Luperi, esposo de una médica del hospital, quien tras conocer los hechos por su pareja decidió presentarse personalmente en Tribunales.
Gracias a su intervención se pudo revisar una serie de casos que hasta ese momento eran tratados como hechos aislados, sin investigación judicial. Solo las últimas dos víctimas fueron sometidas a autopsia, y sus resultados fueron clave: se detectaron niveles letales de potasio y signos de pinchazos irregulares.
La condena
La pena de prisión perpetua era la única posible para este tipo de delitos, y fue dictada por mayoría del tribunal mixto. Se aguardan los fundamentos completos de la sentencia después de la feria judicial de invierno.
Este caso dejó al descubierto no solo el horror de los crímenes cometidos, sino también las fallas sistemáticas en la cadena de responsabilidades de un sistema de salud pública que no supo —o no quiso— actuar a tiempo.
