La Justicia Federal resolvió llevar a juicio a diez ciudadanos iraníes y libaneses acusados por el atentado a la AMIA ocurrido en 1994, pese a que se encuentran prófugos desde hace casi dos décadas. Se trata de la primera vez que se aplicará en Argentina la figura del “juicio en ausencia”, recientemente incorporada al Código Procesal Penal.
La decisión fue adoptada por el juez federal Daniel Rafecas, quien aceptó el pedido del fiscal Sebastián Basso, titular de la Unidad AMIA. El proceso alcanzará a diez acusados con pedidos de captura internacional vigentes desde 2006 y alertas rojas activas en Interpol, que nunca fueron detenidos debido a la negativa de Irán de extraditar a sus ciudadanos y a la falta de colaboración de ciertos países cuando estos individuos viajan al exterior.
Entre los acusados se encuentran figuras de alto perfil político y militar, como Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, y Mohsen Rabbani, muchos de ellos aún vinculados al gobierno iraní.
La medida fue posible gracias a una reforma aprobada este año por el Congreso Nacional a instancias del gobierno de Javier Milei, que incorporó el juicio en ausencia para delitos graves como terrorismo o crímenes de lesa humanidad, cuando los acusados llevan más de cuatro meses prófugos. La normativa permite que, en caso de presentarse, los acusados puedan solicitar un nuevo juicio.
El fallo de Rafecas, de 148 páginas, también sienta jurisprudencia al considerar que la figura del juicio en ausencia es constitucional. En su resolución, el magistrado destacó que “la ausencia voluntaria del imputado no solo vulnera su propio derecho de defensa, sino que también lesiona el derecho de las víctimas a obtener justicia y el interés de la sociedad en esclarecer delitos atroces”.
La aplicación de esta figura fue respaldada por AMIA y DAIA, pero rechazada por otros sectores querellantes, como APEMIA, Memoria Activa y la Asociación 18J, que consideran que aún faltan pruebas clave en la investigación, como el acceso total a archivos desclasificados de inteligencia.
Rafecas reconoció esos planteos, pero defendió el inicio del juicio como una instancia esencial para generar una reconstrucción pública y controlada de los hechos. “Si no hay debate, se pierde la oportunidad de conocer y esclarecer. Y sin esclarecimiento, lo que quedan son dudas y faltas de certezas”, afirmó.
El gobierno nacional celebró la medida. “Ahora vamos a poder juzgar a los terroristas iraníes y libaneses de Hezbollah prófugos que planificaron y ejecutaron el peor atentado de nuestra historia”, declaró el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Por ahora, la decisión de Rafecas no implica el inicio inmediato del juicio: las partes tendrán tres días hábiles para apelar y será necesario que la fiscalía solicite los procesamientos formales para que los acusados puedan ser llevados a debate oral, aún sin estar presentes.
