Por Germán Grams – Columna de Opinión
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena de 14 años y medio de prisión contra Ángel Fabián Constantino, ex intendente de la localidad entrerriana de Gilbert, quien fue hallado culpable de abusar sexualmente de tres mujeres, aprovechando su cargo público y la relación de poder que ejercía sobre sus víctimas.
La decisión del máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el último recurso de la defensa y cerró definitivamente un caso que estremeció a toda la comunidad entrerriana.
El proceso judicial comenzó en 2018, cuando aparecieron las primeras denuncias. Luego se sumaron otros dos casos ocurridos entre 2020 y 2021, ya durante su gestión como intendente. Los testimonios describieron un patrón de acoso, manipulación y violencia sexual que Constantino ejercía desde su rol de funcionario municipal.
Un fallo ejemplar tras años de lucha
En marzo de 2023, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú lo condenó por dos hechos de abuso sexual simple y tres de abuso sexual con acceso carnal, aunque fue absuelto en una causa menor por lesiones leves. La Fiscalía había solicitado 18 años de prisión, pero la sentencia final fue de 14 años y medio.
Durante el juicio, el ex intendente se mantuvo desafiante, incluso llegó a declarar: “No me arrepiento de nada”. Esa frase, hoy, resuena como símbolo de la impunidad con la que actuó durante años dentro del propio municipio.
El entonces gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, lo había apartado de su cargo en 2022, luego de la presión social y las marchas que exigían su destitución inmediata.
Los testimonios que lograron la condena
La primera víctima era empleada municipal y relató los abusos sufridos dentro del edificio comunal. Dijo haber sido manoseada, intimidada y amenazada con perder su trabajo si se resistía. En uno de los episodios más graves, Constantino la encerró en su oficina, le tapó la boca y la manoseó, mientras intentaba justificar su ataque con frases humillantes.
La segunda víctima, pareja de un familiar del agresor, contó que fue abusada reiteradamente en el interior del vehículo oficial, durante los traslados que él mismo realizaba bajo pretexto de acompañarla al trabajo.
El tercer caso se remonta a 2018, cuando Constantino, entonces director de Cultura, violó a una joven dentro de su comercio, tras obligarla a practicarle sexo oral. El relato fue contundente y coincidió con las pruebas presentadas en el expediente.
Condena firme y fin de la impunidad
Tras años de apelaciones, la Cámara de Casación, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y finalmente la Corte Suprema ratificaron la condena. Constantino, que había estado con prisión domiciliaria, fue trasladado a una unidad penitenciaria donde deberá cumplir la totalidad de su pena.
El fallo representa un triunfo de la Justicia y de las víctimas, que enfrentaron un proceso largo, lleno de obstáculos y presiones, para lograr que los abusos cometidos por un funcionario público no quedaran impunes.
Una sentencia que no alcanza
Más allá del fallo judicial, este caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión urgente: las penas por delitos sexuales en nuestro país rara vez reflejan la magnitud del daño causado. Condenas como la que recayó sobre Constantino son necesarias, pero no suficientes. Este tipo de individuos —autoritarios, abusivos, enfermos de poder y sin remordimiento— no merecen volver a compartir la vida social con nadie.
Porque no se trata solo de castigar a un ex intendente; se trata de marcar un límite ético y humano. Un límite que proteja a las víctimas, que impida que los cargos públicos sean escudos para el abuso, y que deje en claro que en una sociedad justa no hay lugar para lacras como estas.
