Columna de Opinión | Por Germán Grams
Una vez más, en Escobar, el poder político volvió a demostrar que cuando se trata de ajustar el bolsillo de los vecinos, oficialismo y oposición pueden encontrar rápidamente un punto de encuentro. No importa el color partidario ni los discursos de campaña: la caja municipal siempre es un territorio de consenso, aunque la contraprestación al ciudadano siga siendo, en el mejor de los casos, difusa.
El Concejo Deliberante aprobó sin mayores sobresaltos las ordenanzas Fiscal y Tributaria 2026. Un trámite exprés, casi sin debate, que avala un aumento del 20% en la tasa de servicios generales a partir de enero, seguido de actualizaciones bimestrales atadas a la inflación. A eso se suma una “cláusula gatillo” del 10% que, aunque dicen que no se usaría, queda habilitada. Otra puerta abierta para que el vecino pague más, aun cuando recibe lo mismo o menos.
Lo más llamativo —o lo más previsible— es que la oposición acompañó casi todo, salvo algunos artículos aislados. El discurso del “alivio fiscal”, que algunos concejales pregonan frente a las cámaras, se desinfla cuando llega la hora de levantar la mano. En la práctica, termina siendo funcional a la misma lógica que critican: ajustar tasas sin discutir a fondo qué recibe el contribuyente a cambio.
Porque ese es el punto central que, una y otra vez, se evita:
¿Dónde está la contraprestación?
¿Dónde se nota el impacto de ese aumento en seguridad, infraestructura, luminarias, calles transitables, servicios eficientes?
La realidad cotidiana de los vecinos muestra otra cosa. Barrios con luminarias que no funcionan, calles detonadas, basura acumulada, inseguridad en alza. Y frente a eso, la receta política es siempre la misma: ajustar al contribuyente, nunca revisar el gasto ni transparentar prioridades.
Mientras tanto, el Ejecutivo se abraza a tres slogans de manual —“alivio, progresividad y simplificación”— para justificar un esquema que, con eufemismos o sin ellos, significa pagar más. Las medidas que se promocionan como beneficios (descuentos por pago adelantado, exenciones parciales, eliminación de algunas tasas menores) funcionan como maquillaje tributario: generan titulares, pero no cambian la carga real sobre el bolsillo de la mayoría.
Por eso la discusión central sigue ausente:
¿Qué hace el Municipio con lo que recauda?
¿Dónde están las obras estructurales que deberían acompañar aumentos de esta magnitud?
¿Cuál es el plan concreto para enfrentar la inseguridad que golpea todos los días?
En lugar de respuestas, se ofrece un mecanismo automático de actualización. Es decir: si todo sube, las tasas también. Pero el vecino, ¿qué recibe automáticamente? ¿Aumento de patrullaje? ¿Calles nuevas? ¿Transparencia en la ejecución presupuestaria? Nada automático sucede hacia el lado del contribuyente.
En definitiva, Escobar cierra 2025 como tantos otros años: con un Estado local que se financia cada vez más caro para los vecinos, y una dirigencia —oficialista y opositora— que, cuando se trata de garantizar recursos propios, no encuentra grietas.
La grieta aparece cuando hay que explicar por qué el vecino sigue pagando servicios que no ve.
