La relación entre el Gobierno Nacional y los gobernadores entra en una nueva etapa de tensión técnica y política. En el marco de la reforma laboral enviada al Senado, el Ejecutivo propuso una reducción en las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades. Si bien la medida se presenta como un incentivo a la inversión, los números fríos revelan un fuerte impacto en el sistema de coparticipación: casi el 60% del costo de este «alivio» será financiado por las provincias.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la iniciativa busca reducir la carga tributaria para los tramos más altos de facturación empresaria, pasando de alícuotas del 30% y 35% a niveles del 27% y 31,5% respectivamente. El costo fiscal total estimado es del 0,22% del PBI, lo que equivale a unos $1,9 billones de pesos actuales. De ese total, el conjunto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires dejarían de percibir $1,12 billones.
El impacto en la provincia de Buenos Aires
Para los habitantes de distritos como Escobar, esta discusión no es ajena, ya que la provincia de Buenos Aires es, por amplio margen, la jurisdicción más afectada por este recorte en la torta de recursos coparticipables. El gobierno bonaerense deberá absorber un costo de más de $238.000 millones, lo que representa un desafío adicional para las finanzas provinciales en un contexto de caída de actividad y menor recaudación.
A continuación, se detalla el costo fiscal que enfrentarían las principales provincias argentinas de aprobarse la reforma:
Provincia Pérdida estimada (Millones de $) Buenos Aires $238.558 Santa Fe $97.087 Córdoba $96.459 Chaco $54.193 Entre Ríos $53.042 Tucumán $51.682 Mendoza $45.300
¿A quién beneficia realmente la medida?
Uno de los puntos más debatidos de esta reforma es la concentración del beneficio. Datos estadísticos del sector revelan que de las más de 163.000 sociedades que presentan declaraciones juradas en el país, el 89% pertenece al «Tramo 1» (pequeñas empresas con ganancias de hasta $100 millones), las cuales no se verían alcanzadas por esta rebaja.
El beneficio se concentra drásticamente en la cima de la pirámide: solo el 1% de las sociedades (las de mayor envergadura) representan el 76% de la recaudación total de este impuesto. Es más, se estima que el alivio fiscal impactará centralmente en apenas 144 grandes empresas, que son las que determinan impuestos por encima de los $15.000 millones anuales.
El factor tiempo: impacto recién en 2027
Un dato clave para la planificación financiera de los gobernadores es que este «agujero» en las cuentas no será inmediato. Debido a los ciclos fiscales, el impacto real en la recaudación se sentirá recién a partir de mayo de 2027, cuando las empresas presenten sus declaraciones juradas correspondientes al ejercicio 2026.
Mientras el Gobierno Nacional sostiene que esta baja mejorará la competitividad y atraerá inversiones, los gobernadores miran con preocupación el presupuesto de los próximos años, sabiendo que su «caja» para obras y servicios públicos se verá directamente reducida para financiar un beneficio que alcanza a un grupo muy selecto de grandes contribuyentes.
