La justicia argentina dio un golpe de timón contra la corrupción institucional. El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza sentenció a Walter Ricardo Bento a 18 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El exmagistrado, que supo ser el «dueño» del juzgado federal con competencia electoral en Mendoza, fue hallado culpable de liderar una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a cambio de beneficios judiciales.
Además de la pena de cárcel, Bento deberá enfrentar una multa de más de 540 millones de pesos.
El «Gran Jefe» y el negocio de la libertad
La investigación, que se extendió por más de 130 audiencias y contó con el testimonio de 300 personas, determinó que Bento operaba una estructura criminal desde 2007. El mecanismo era tan aceitado como oscuro:
- El objetivo: Narcotraficantes y contrabandistas con causas en su juzgado.
- El servicio: Otorgamiento de libertades, prisiones domiciliarias o sobreseimientos «a medida».
- El costo: Se estima que el circuito de coimas movilizó al menos 1,7 millones de dólares.
En las escuchas que iniciaron la causa en 2020, los delincuentes se referían a él como el «Gran Jefe» o el «Número Uno». Hoy, ese «Número Uno» dormirá en el complejo penitenciario federal de Cacheuta.
Una empresa familiar de lavado
El fallo no solo alcanzó al exjuez, sino que desnudó un entramado familiar destinado a ocultar el origen ilícito del dinero. El tribunal consideró que el patrimonio familiar (autos de alta gama, inmuebles y viajes de lujo) no coincidía con los ingresos declarados:
- Marta Boiza (esposa): Condenada a 6 años por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
- Nahuel Bento (hijo): Recibió una pena de 5 años por lavado de activos agravado.
«Confío en la justicia, solamente tengo para decir que voy a seguir luchando, que no voy a bajar los brazos», declaró Bento en sus últimas palabras, intentando mantener una postura que el tribunal, por unanimidad, terminó por derrumbar.
Las claves de la sentencia
- Asociación ilícita: Condenado como jefe de la banda.
- Cohecho pasivo: Se probaron al menos ocho hechos de cobro de coimas.
- Enriquecimiento y lavado: La familia no pudo justificar su nivel de vida.
- Prisión efectiva: El tribunal rechazó, por ahora, el pedido de prisión domiciliaria que solicitó su defensa.
Este caso marca un precedente vital en la lucha contra la impunidad dentro de los tribunales. Cuando quien debe impartir justicia se convierte en socio del delito, el daño al sistema es casi irreparable; fallos como este intentan comenzar esa reconstrucción.
