Con una mayoría contundente de 149 votos a favor y 100 en contra, el oficialismo logró dar el primer paso para reformar una ley que databa de 1980. El proyecto, impulsado por el Ministerio de Seguridad, propone bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, estableciendo un sistema de responsabilidades y penas que busca terminar con el «limbo» legal de los menores que delinquen.
La iniciativa contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales. Una de las sorpresas de la jornada fue el bloque del Frente Renovador, que, aunque votó en contra en general, apoyó la baja a 14 años en la votación particular, citando su «postura histórica» sobre el tema.
Las claves del nuevo sistema
El proyecto no solo se limita a bajar la edad, sino que estructura un régimen de penas y resocialización:
- Pena Máxima: Hasta 15 años de prisión para delitos gravísimos como homicidios, violaciones, secuestros y robos con extrema violencia.
- Penas Alternativas: Para delitos menores (condenas inferiores a 10 años), se prevén herramientas como el monitoreo electrónico, servicios comunitarios, prohibición de acercamiento y reparación del daño.
- Prohibición de convivencia: Los menores no podrán bajo ninguna circunstancia compartir lugares de detención con adultos. Se crearán centros especializados con personal capacitado en niñez y adolescencia.
- Derecho de las Víctimas: Por primera vez, se garantiza por ley que las víctimas sean informadas, escuchadas y cuenten con patrocinio jurídico y asistencia psicológica durante todo el proceso.
Un debate de visiones contrapuestas
El debate en el recinto reflejó la fractura social sobre el tema. Desde el oficialismo, la diputada Laura Rodríguez Machado sostuvo que la ley actual «no previene ni repara», mientras que el diputado Santiago Santurio enfatizó que es una respuesta necesaria para que los jóvenes «entiendan que tienen que responder por sus actos».
Desde la oposición, las críticas apuntaron a la falta de un enfoque integral. Juan Grabois señaló que «la edad la pueden bajar a cero años», pero que el problema real reside en la salud mental, los consumos problemáticos y la falta de inversión en educación y centros deportivos.
El factor económico: ¿Quién paga el régimen?
Uno de los puntos que destrabó el apoyo de los gobernadores fue la incorporación de un presupuesto específico. Se asignarán más de 23.700 millones de pesos para la implementación del sistema, repartidos entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación.
Como advirtió Miguel Ángel Pichetto: «Sin inversión en establecimientos adecuados, esto es solo humo». El desafío ahora será transformar esos fondos en centros de tratamiento efectivos que no se conviertan en simples depósitos de menores.
