Hoy, 27 de febrero de 2026, el perímetro del Congreso de la Nación ha dejado de ser un espacio de tránsito para convertirse en una fortaleza. Mientras el Senado se apresta a convertir en ley la Reforma Laboral —la apuesta estratégica de Javier Milei antes de la apertura de sesiones ordinarias—, las calles adyacentes respiran un aire espeso, cargado de la incertidumbre de quienes ven en esta norma el fin de una era de derechos.
Un megaoperativo para una «modernización» resistida
El Gobierno no ha dejado margen para el azar. La ministra de Seguridad ha desplegado cerca de dos mil efectivos federales y de la Ciudad. Camiones hidrantes, brigadas motorizadas y un vallado quirúrgico intentan contener a una marea humana compuesta por organizaciones sociales, sindicatos del Frente Sindical Unidos (FreSU), y agrupaciones como La Cámpora, que han movilizado columnas desde diversos puntos del conurbano bonaerense.
Desde una mirada académica, asistimos a la aplicación más cruda del «protocolo antipiquetes». La orden es clara: la traza debe quedar liberada, sin importar la masividad de una protesta que califica a la reforma como «esclavista».
Voces desde el llano: el fantasma de los años 90
En la Plaza Congreso, el relato de los dirigentes se tiñe de una advertencia histórica. Voces como las de Silvia Saravia (Libres del Sur) y Esteban Castro (UTEP) coinciden en un diagnóstico sombrío: la reforma no vendría a formalizar el empleo, sino a profundizar la informalidad.
«Casi no hay empresas que puedan sostener su productividad ante la apertura de importaciones», sostienen desde las bases, vinculando directamente este debate con crisis recientes, como el cierre de la planta de FATE, que ha dejado una herida abierta en la zona norte de la provincia. La crítica apunta a un modelo que, mientras quita estabilidad laboral, busca bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años, un tema que también integra el temario de esta sesión maratónica.
La técnica legislativa y el factor «miedo»
El oficialismo llega a esta instancia tras haber cedido en puntos sensibles —como el artículo 44 sobre licencias médicas— para asegurar los votos necesarios. Sin embargo, para referentes como Hugo «Cachorro» Godoy (CTA Autónoma), esto es solo el preludio de una reforma previsional exigida por el FMI.
Lo que se percibe hoy en la calle es una participación diezmada por el temor a la represión y la necesidad de subsistencia diaria, pero con un núcleo duro que se niega a «regalar la calle». El debate parlamentario es, en última instancia, una disputa de sentidos: para el Gobierno, es la llave a la inversión; para el trabajador movilizado, es un viaje sin retorno al siglo XIX.
