El enfrentamiento devino de la eliminación del artículo que establecía que los brokers sólo podían involucrarse en pólizas del sector público en casos de alta complejidad y debidamente justificados. Cómo sigue la investigación.
Continúa el escándalo de los Seguros que envuelve al ex mandatario Alberto Fernández. Este fin de semana se conocieron parte de las discrepancias internas que existían en su gobierno por el rol que debían cumplir los brokers de seguros en las pólizas del sector público. Este enfrentamiento desembocó en la eliminación del artículo 3° del decreto 832/2021, el cual estipulaba que los brokers sólo podían involucrarse en pólizas del sector público en casos de alta complejidad que estuvieran debidamente justificados, ante lo que se buscaba exigir que el máximo responsable del organismo público que lo requiera eleve una nota explicatoria a Nación Seguros.
Según el apartado “en caso de que la complejidad o volumen de los riesgos a asegurar amerite la participación de la figura de un productor asesor de seguros o sociedades de productoras asesoras de seguros en el marco de lo establecido por la ley 22.400, el titular de una unidad operativa de contrataciones o del servicio administrativo financiero o autoridad de nivel equivalente de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8 de la ley 24.156 comunicará por nota a Nación Seguros dicha decisión”.
El artículo quedó en el borrador de la normativa y nunca se aplicó por decisión de Vilma Ibarra, quien era en ese momento la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia. Ibarra consideró mejor “no legalizar la figura” del productor de seguros en las pólizas del Estado, para no incentivar posibles contrataciones, pero la investigación judicial analiza que habría ocurrido lo contrario y que se habría generado un terreno propicio para la intermediación de los brokers entre los organismos públicos y Nación Seguros, lo cual les generó ganancias millonarias por el cobro de comisiones de 10 o más puntos porcentuales.
Solo en el año 2023, esto equivalió a la suma de $50.000 millones. La contraposición entre la postura de Ibarra y la sospecha judicial quedó reflejada en el seno del Gobierno de Fernández a partir de los chats entre funcionarios, recopilados en el marco de la causa.
Quien entonces era el titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, le contaba en una de las conversaciones a Sonia Gregorini, su asesora, que el asunto se complicó cuando un tal “Martín”, que sería un funcionario, se atrevió a objetar la eliminación de los requisitos para los brokers y, en palabras de Pagliano, Martín “puso cara de lloriquear” en medio de la discusión. Luego, el titular de Nación Seguros le contestó a Martín su discrepancia afirmando: “Mirá, era obvio que lo iban a bajar. Aparte salió todo como queríamos, salvo esto que no nos jode”. A esto, Martín dijo que eso no era lo que se había acordado y puntualizó que “esto no era así, porque esto tendría que ser en directo”, ante lo cual Pagliano recordó que le retrucó a Martín: “Vos sos abogado. Si querés recurrila y punto”.
Después, Pagliano le contó a su asesora que el funcionario “medio puso cara de lloriquear, de no sé qué”, y que no recordaba “qué pelotudez dijo” después. Ahora, quienes están al frente de la investigación intentan dilucidar quién es el tal Martín, aunque se cree que se trata del entonces titular del Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete, Martín Yáñez. Aunque desde el entorno de Yáñez negaron estar involucrados.
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