Procesaron a Alberto Fernández por presuntas maniobras con contratos de seguros: lo embargaron por más de 14 mil millones de pesos

La causa, conocida como “Seguros”, gira en torno a un decreto firmado en 2021 (el 823/21), que obligó a todos los ministerios y organismos estatales a contratar exclusivamente con Nación Seguros. La investigación judicial sostiene que, detrás de esa norma, hubo una estructura montada para favorecer a un grupo empresario vinculado al propio ex presidente.

Uno de los nombres clave es Héctor Martínez Sosa, broker de seguros y amigo personal de Fernández, quien también fue procesado junto a su pareja, María Cantero, histórica secretaria privada del entonces jefe de Estado.

Fuente: Infobae

Según el fallo, Cantero ocupaba un rol doble: por un lado, era funcionaria de máxima confianza en Casa Rosada; por otro, realizaba gestiones para beneficiar a su pareja en contrataciones con el Estado. “Estaba claramente de los dos lados del mostrador”, afirmó el juez.

Durante el gobierno del Frente de Todos, la empresa de Martínez Sosa acumuló contratos con al menos 19 organismos estatales, cobrando casi $417 millones en comisiones solo entre 2019 y 2024. Entre los entes figuran Vialidad Nacional, Casa de la Moneda, Corredores Viales SA, el Fondo Nacional de las Artes e incluso la Corte Suprema.

Pero eso no fue todo: según Casanello, Fernández y Martínez Sosa mantenían vínculos financieros previos a la presidencia. La PROCELAC (Procuraduría especializada en lavado de activos) detectó que entre 2010 y 2019, Fernández le facturó más de $4 millones al empresario, supuestamente por informes sobre coyuntura política y económica.

La causa cuenta con abundante evidencia recolectada de los teléfonos personales de los imputados, incluyendo chats entre Cantero y Martínez Sosa que revelan el nivel de coordinación y confianza entre ambos. En uno de esos mensajes, ella le asegura: “Tenés un amigo Presidente. Esto pasa una vez en la vida. Somos equipo, no necesitamos más que eso”.

También fueron procesados ex funcionarios de Nación Seguros, como Alberto Pagliano (ex titular del organismo), varios directores, y ex responsables del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, quienes habrían facilitado las maniobras.

Además, el juez ordenó allanamientos simultáneos en diversas empresas de seguros y consultoras presuntamente involucradas en la maniobra, con el objetivo de seguir la pista del dinero y las conexiones.

Casanello resolvió no dictar prisión preventiva, pero mantiene abiertas otras líneas de investigación. El expediente podría derivar en un juicio oral de alto impacto político.

Mientras tanto, Fernández no hizo declaraciones públicas, aunque sus allegados aseguran que se trata de una “persecución política”. Desde la Justicia, en cambio, aseguran que se trató de una “estructura montada para enriquecer a un círculo íntimo con recursos del Estado”.

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