Por Nacho de Vedia: “Hacemos uso del derecho a réplica, a partir de la nota que publica el medio Nuevo Digital de Escobar, republicando una nota de Clarín del día 19 de febrero”.
En primer lugar, queremos señalar que no vamos a permitir ni naturalizar que se realice ningún tipo de operación mediática con información infundada, datos falsos, conjeturas y suposiciones.
El único dato que responde a la verdad en la nota es que la Secretaría de Integración Sociourbana nació durante el gobierno macrista: primero, se creó en 2017 el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP): se relevaron más de 4.000 en todo el país en aquel entonces. Luego, en 2018 la Ley de Integración Socio Urbana (Ley N° 27.453) presentada por diputados de Juntos por el Cambio y aprobada por unanimidad por ambas cámaras del Congreso de la Nación sentó las bases para la creación de una secretaría que diera respuesta a la problemática habitacional de millones de argentinos. En 2019, se creó el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) para poder llevar adelante los objetivos de esa ley.
El financiamiento del FISU no llegó de ninguna caja negra, sino que se obtuvo del 9% del impuesto PAIS, y luego del 15% del Aporte de las Grandes Fortunas. Asimismo, la normativa creada alrededor del FISU impide que ese dinero se pueda usar para otra cosa que no sea el mejoramiento de los barrios populares y la creación de lotes con servicios para familias socialmente vulnerables.
¿Por qué creció el número de trabajadores de la SISU de 2019 a 2023? Porque se ejecutaron todas estas obras a nivel nacional:
-Más 250.000 mejoramientos habitacionales mediante el programa Mi Pieza, una asistencia financiera para realizar obras de carácter autogestivo para mujeres de barrios populares.
-Más de 180 mil conexiones a servicios básicos
-24.742 lotes
-1.114 mejoramientos de vivienda
-465.845 metros cuadrados de espacio público
-503.994 ml de red eléctrica
-446.418 metros cuadrados de equipamiento
-2.672.978 metros cuadrados de veredas y arbolado
-4.983.259 metros cuadrados de calle
-2.655 núcleos húmedos
-824.253 ml de red de alumbrado
-544.727 de cloacas
-285.404 ml de desagües pluviales
-Más de 14.000 electrodomésticos y paneles solares entregados en más de 230 barrios
-Más de 1.500 viviendas construidas
-858.898 familias con Certificado de Vivienda Familiar para acreditar la pertenencia de la vivienda a las familias de barrios populares.
Por otra parte, a nivel local, en el partido de Escobar se iniciaron obras que incluyen red vial, agua potable, cloacas, alumbrado público espacios recreativos y hasta erradicación y cicatrización de basurales en barrios como Villa Alegre, Villa Bote, La esperanza y Amancay. Cualquier vecino o vecina puede acercarse para ver cómo le cambia la vida a las familias que viven en esos barrios.
¿Alguien puede imaginarse este volumen y cantidad de obras con sólo 60 trabajadores?
El trabajo se realizó a lo largo y ancho del país, articulando con gobernadores e intendentes de todos los colores políticos, con ONGs, iglesias y organizaciones de la sociedad civil. Las auditorías de cada obra no las realizó ningún militante, sino entidades externas como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad Católica Argentina, y ¡hasta el propio Estado del que dicen que sospechaba por la transparencia en la ejecución de los fondos! En total se realizaron 29 convenios para auditorías externas. Todos resaltaron la transparencia y efectividad de las políticas, e incluso se obtuvieron reconocimientos internacionales en Colombia y México.
Toda la información es pública para quien esté realmente interesado en conocer los resultados de una formidable política nacional de integración sociourbana. Cada centavo invertido está debidamente auditado y basta con recorrer los barrios y hablar con vecinos y vecinas para entender el impacto de las obras realizadas.
Es tan burda la operación mediática que Infobae hace pocos días en una nota considero que “los datos preliminares no revelarían hechos de corrupción”.
A las citas con fuentes fantasmagóricas respondemos con datos concretos y chequeables. A la especulación y operaciones de prensa oponemos el trabajo incansable de cientos de trabajadores y organizaciones, con una ética y capacidad técnica intachables y comprobables en los resultados. Si hubiera denuncias también podríamos responder con pruebas y rendir cuentas, como ya lo hemos hecho, pero lamentablemente sólo hay cobardes operaciones mediáticas. Entendemos que las mismas responden al intento de persecución por parte de los sectores concentrados de poder a quienes plantean soluciones para los sectores más olvidados. Estas estrategias, funcionales al plan ajustador del actual gobierno, buscan desaparecer las políticas beneficiosas para el pueblo y discutir cotilleos en lugar de propuestas para mejorar la situación de millones de argentinos que cada vez la pasan peor, especialmente aquellos que viven en los 6.467 barrios populares de todo el país.
Por último, pedimos mayor responsabilidad a periodistas y quienes forman parte de Nuevo Digital de Escobar. La situación argentina actual necesita un periodismo comprometido con la realidad, y no un periodismo que repita para sacar titulares baratos y ganar audiencia.
Ignacio de Vedia
DNI 33.182.446
Clarificadora réplica. Salud.