Los dueños de estas firmas son los mismos que de Coxtex SA, una compañía a través de la cual se desviaron fondos y que la AFIP considera apócrifa. Cómo evoluciona la causa.
El juez federal Sebastián Casanello avanza sobre las dos empresas investigadas por hacer facturas truchas al Polo Obrero, las que se cree se utilizaron para simular gastos y ocultar el destino final de los millones de pesos que la organización recibió como unidad de gestión del Potenciar Trabajo.
La Justicia ya tiene probado que de los $113 millones que el Polo Obrero recibió del ex Ministerio de Desarrollo Social, $25 millones se desviaron a la imprenta Rumbos y a Coxtex S.A., que para la AFIP es una empresa que se creó con un único objetivo: hacer facturas truchas. Esta última compañía hizo en favor del PO recibos apócrifos por un total de $5 millones, los que se cree luego se ocultaron en otras tres empresas fantasmas.
Coxtex fue fundada en 2020 por Luis Alexander Pichuaga y Mariana Soledad Vega. Estas dos personas, a su vez, crearon en estos últimos años tres compañías más: Ciriano Shoes CRL; Recinsur S.A. y VSP Consulting S.A. El juzgado de Casanello cree que parte de los $5 millones que el Polo Obrero le envió a esta empresa, la que luego emitía facturas por servicios o elementos que no se prestaban o entregaban, terminaron en esas tres firmas apócrifas.
De esta manera, los investigadores siguen la pista de una serie de empresas truchas que se habrían utilizado para ocultar el destino final de la plata. Hay un dato que llama la atención de la Justicia: Coxtex se creó en 2020, mismo año en que el Polo Obrero comenzó a recibir millones de pesos del Potenciar Trabajo.
Ese dinero se debía destinar a la compra de herramientas, materiales de trabajo y vestimenta para los beneficiarios del programa. La Justicia encontró facturas a través de las que Coxtex supuestamente proveyó al Polo Obrero en el marco de estos convenios computadoras, parlantes y softwares por un total de $5 millones. Los investigadores quieren saber ahora a dónde está esa plata que no terminó en los beneficiarios del Potenciar Trabajo.
La AFIP considera que Coxtex es una empresa apócrifa porque realiza multiactividades; tiene pocos empleados y no presenta finanzas que sustenten sus actividades, entre otras irregularidades.
La Justicia no descarta que Pichuaga y Vega, fundadores de Coxtex, sean titulares “falsos” de esta compañía, es decir, que en rigor ellos hayan firmado su fundación para ocultar a los verdaderos dueños. Un dato no menor es que en el allanamiento a la casa de Pichuaga, que es canadiense, el hombre soltó una frase inquietante: “Yo firmé en esa empresa porque otra persona me pagó”. Ahora la Justicia intenta determinar quién es esa persona.
Coxtex no es la única empresa sobre la que Justicia posó su mirada. La imprenta Rumbos -a la que el Polo Obrero desvío $20 millones- también suma elementos que la complican. La Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó que esa compañía aportó para las campañas electorales e institucionales del Partido Obrero unos $18 millones entre 2020 y 2023. De esta manera, los investigadores creen que parte del dinero desviado tenía como objetivo final financiar al propio Partido Obrero, que compite en las elecciones dentro del Frente de Izquierda, que tiene entre sus referentes a Gabriel Solano y Romina Del Plá.
Rumbos S.A., fue fundada en 2017 por Christian “El Colo” Rath, un exdirigente del partido que murió tiempo atrás, y Roberto Adrián Albornoz, que fue citado a indagatoria para el próximo 25 de junio.
Para los investigadores, los números cierran: entre 2020 y 2023, la imprenta Rumbos le facturó a la Asociación Civil Polo Obrero -cuyo titular es Eduardo Belliboni- unos $20 millones. En ese mismo lapso de tiempo, la empresa aportó $18.000.000 para el PO. Ahora la Justicia tendrá que comprobar si esos aportes se hicieron a través de una maniobra de defraudación al Estado Nacional, es decir, con la plata que el ex Ministerio de Desarrollo Social le enviaba al movimiento para que comprara herramientas de trabajo de los beneficiarios, ropa y otros elementos que debían utilizar los beneficiarios de la iniciativa.
Pero las maniobras podrían no terminar acá: la Justicia cree que además Rumbos contrataba agencias de publicidad que luego colaboraban con la campaña del Partido Obrero, o pagaba otras cuestiones logísticas. “Lo que vemos es que el Polo Obrero como unidad de gestión financiaba al Partido Obrero”, dicen en Comodoro Py.
La Asociación Civil Polo Obrero en su condición de unidad de gestión del Potenciar Trabajo debía garantizar las condiciones de trabajo para los beneficiarios del programa. En esos años recibió $360 millones del Estado Nacional a través de distintos convenios, de los que según información que Capital Humano le entregó a la Justicia solo se rindieron $113 millones. Hay una especie de caja negra de $247 millones que nadie sabe muy bien para qué se usaron.
(TN)
