El ex presidente de Bolivia Evo Morales deberá presentarse el 14 de enero de 2025 a las 9:30 AM en una audiencia de medidas cautelares, en el marco de la investigación por los delitos de trata de personas y estupro, relacionados con el presunto embarazo de una adolescente de 16 años durante su mandato.
La notificación fue realizada por el juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de Tarija, que optó por hacerla a través de un edicto debido a la ausencia de los implicados, incluido el ex mandatario. En dicha audiencia, se decidirá si Morales enfrentará el proceso en libertad o bajo prisión preventiva.
Según la resolución judicial, “desconociéndose el paradero actual de los imputados, así como el de la víctima, se emplaza a los acusados a comparecer a este despacho judicial en el plazo de 10 días, bajo la advertencia de ser declarados rebeldes”. Además, se han incluido en la investigación a los padres de la víctima, quienes están acusados de complicidad y de haber obtenido beneficios políticos gracias a la vinculación de su hija con el ex presidente. El padre de la menor permanece detenido en la cárcel de Morros Blancos, en Tarija.
Morales, quien ya había sido citado a declarar el 10 de octubre, no se presentó en esa ocasión, enviando en su lugar al ex viceministro Jorge Pérez, quien justificó su ausencia por la falta de garantías. Tras ese incidente, el ex presidente aseguró en diversas entrevistas que no se entregaría a la justicia por miedo a ser encarcelado, calificando las acusaciones en su contra como parte de una “guerra judicial” del gobierno de Luis Arce para desprestigiarlo y evitar su participación en las elecciones de 2025.
Aunque no ha desmentido los cargos de estupro y trata, Morales negó haber cometido los delitos y aseguró que en su gobierno no se permitieron prácticas que pudieran dañar la sociedad. Sin embargo, reconoció que estaba al tanto de las acusaciones de estupro durante su gestión y admitió haber formado parte del Ejecutivo como ministro de Economía.
En relación al caso, se emitieron dos órdenes de captura, pero ambas fueron anuladas por una acción de libertad interpuesta en una sala judicial de Santa Cruz. A pesar de ello, permanece vigente una alerta migratoria que le impide salir del país.
Por su parte, seguidores de Morales han reforzado la seguridad en su bastión político en el Trópico de Cochabamba, donde se encuentra desde hace varios meses. El secretario ejecutivo de la Federación Única de Centrales Unidas, Isidro Auca, expresó: “Las organizaciones sociales estamos firmes para defender su vida”. El fin de semana, Morales se trasladó a una comunidad del Trópico donde se celebró un encuentro con las federaciones cocaleras, escoltado por una caravana de vehículos y motocicletas, una muestra de la seguridad sindical que lo respalda en su refugio.